Pensamos que vivimos en un país democrático y que esta democracia es la encargada de evitar que caigamos en situaciones de dictadura. Consideramos que una dictadura es, justamente, la rotura del régimen democrático. Sin embargo, olvidamos que los regímenes fascistas anteriores a la Segunda Guerra Mundial surgieron de regímenes democráticos. Los fascistas y los nazis fueron elegidos a sus congresos y utilizaron el sistema democrático para tomar el poder en Italia y Alemania, utilizando lo que, Hayek en su libro “El Camino a la Servidumbre” llama, “el desencanto con el lento y pesado curso de los procedimientos democráticos que hace que la meta sea el tomar acción por el simple hecho de tomar acción”.

La única forma de mantener el régimen democrático es a través del mantenimiento estricto del Estado de Derecho (Lo que Hayek llamaba “The Rule of Law”). ¿A que nos referimos con esto? A que existen reglas básicas que deben afectar a todos por igual, generalmente plasmadas en una constitución; y que dichas reglas deben ser aplicadas sin distinción.

Suena simple, pero no lo es.

Tomemos como ejemplo las protestas en Tía María y ahora en Quellaveco. El artículo 2° inciso 11) de nuestra constitución garantiza el derecho a “transitar por el territorio nacional”. Sin embargo, los bloqueos de Tía María y Quellaveco, vías del sistema nacional de carreteras, vulneran dicho derecho constitucional. Lo curioso del asunto es que, si fuera las empresas mineras de la zona las que hubieran bloqueado el camino, las autoridades nacionales habrían actuado rápidamente para solucionar dicha violación. Sin embargo, al tratarse de las comunidades campesinas, la situación cambia.

¿A qué se debe esta asimetría en el cumplimiento de una ley constitucional?

Se debe, básicamente a la debilitación que han sufrido, a lo largo de los últimos 25 años, nuestras instituciones democráticas, lo que ha convertido a los últimos gobiernos en rehenes de las encuestas. La poca institucionalidad de nuestro país, la poca credibilidad de sus autoridades y congresistas, hace que el estado sea encuesta-dependiente; refugiándose en una constante validación popular para gobernar. Esta situación genera la rotura del estado de derecho a favor de grupos que parecen representar a la mayoría del país. Antiguamente la queja era que la ley no se cumplía cuando se refería a una persona con un alto nivel de contactos políticos/financieros. Se hablaba de la oligarquía y se decía que las leyes que aplicaban al pueblo no eran las mismas que aplicaban a los oligarcas. Si esa situación existía, hoy se ha revertido. La ley que aplica a los comuneros y obreros que protestan no es la misma que aplica al resto del país, ya que pueden violar una ley constitucional, no solo con impunidad, si no sacando provecho de dicha violación (Gestión 31/03/2019 “Las Bambas: Estado dispuesto a pagar más de S/ 300 millones a comunidades”. Gestión 09/08/2019 “Tía María: Minem confirma suspensión de licencia de construcción a proyecto minero”).

Si queremos que el país progrese, y todos nosotros con el, necesitamos reglas claras para todos. El respeto del estado de derecho es fundamental para la inversión ya que ninguna empresa va a querer arriesgar dinero cuando sabe que las reglas que figuran en la constitución no se respetan. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay mejoras para todos nosotros.