“Los impuestos”,- solía decir el celebre juez de la corte superior de justicia de los EE.UU., Oliver Wendel Holmes jr,- “son lo que pagamos por tener una sociedad civilizada”. El juez Holmes tenía razón: los impuestos representan lo que cada uno de nosotros y cada empresa del país le paga al estado para que este mantenga lo que comúnmente se denomina el “Estado de Derecho”. Estos son un conjunto de reglas que incluyen temas como la seguridad, la propiedad privada, la educación, etc. necesarias para poder vivir en comunidad con otros seres humanos.

El problema es cuando el estado desvirtúa dichos impuestos y los convierte en abusos amparados por las leyes que el mismo estado promueve.

Veamos el caso del recientemente aprobado DL 1424.

El nuevo decreto legislativo impone límites al endeudamiento de todas las empresas del país usando una única vara. Es decir, toda empresa del país se puede endeudar hasta tres veces su patrimonio neto, ya que los intereses pagados por la deuda que exceda este límite no serán reconocidos como deducibles para el cálculo del impuesto a la renta. ¿Suena razonable? En realidad, no lo es. Cada rubro de negocio tiene una lógica de endeudamiento distinta donde tenemos empresas de software generalmente con un nivel bajo de endeudamiento, mientras que empresas de ventas de abarrotes o agrarias generalmente tendrán un nivel alto de endeudamiento.

Para empresas con deuda estructural baja, esto no es un problema, paro para industrias que son intensivas en endeudamiento, el límite impuesto por estos decretos puede ser fatal. Las agrícolas, por ejemplo, verán su competitividad global afectada por el sobrecosto, mientras que los comercializadores de abarrotes en el país transferirán el sobrecosto a nosotros: los consumidores.

El efecto se vuele aún mas nocivo desde el año 2021, cuando el endeudamiento máximo solo puede llegar a aquel cuyos intereses no sobrepasen el 30% del EBITDA (utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización). Es decir, si la empresa pasa por un mal año, al año siguiente deberá reducir su endeudamiento o no podrá deducir el excedente de intereses para fines tributarios.

Si la empresa registra una pérdida que lleve al EBITDA a cero o negativo, significa que el siguiente año la empresa no podrá deducir ni un sol de los intereses que paga por sus deudas. Esto significa, en pocas palabras, que la empresa tendrá que usar parte de su capital de trabajo para pagar impuestos y no para financiar sus actividades productivas.

¿Estamos tratando de promover la industria en el país, o queremos terminar de matarla? Dicha medida solo puede agravar los ciclos económicos al reducir el capital de trabajo disponible para las empresas luego de un mal año.

Este es el problema de tener tecnócratas que jamás han trabajado en una empresa proponiendo este tipo de iniciativas y un congreso unicameral que puede aprobar semejante desatino sin pasarlo por un filtro de sensatez.

El control del crédito está en manos de la SBS a través de los límites que esta impone a los bancos que, a su vez ellos imponen a sus clientes. Cuando un cliente del banco es muy riesgoso, las reglas de Basilea, en efecto a nivel mundial y en el Perú, fuerzan al banco a incrementar el uso de su capital para cubrir el riesgo. Esto, a su vez, fuerza al banco a intentar reducir su exposición con dicho cliente e incrementar las tasas a dicho cliente para compensar el aumento del uso de su capital. La medida que acaba de aprobar el estado no está hecha para controlar excesos de endeudamiento; la SBS ya lo hace indirectamente; si no para ajustar más, desde el punto de vista tributario, a la ya alicaída industria nacional.